La Justicia de San Luis decidió extender por dos meses las medidas de coerción impuestas a cinco exfuncionarios provinciales y a un diputado nacional. La resolución se tomó tras un pedido de la Fiscalía de Instrucción Nº 6, que busca asegurar el normal desarrollo del proceso penal que se encuentra en la etapa intermedia, próximo a elevarse a juicio oral.

Entre los imputados se encuentran Luciano Anastasi y Claudio Latini, además del diputado nacional Ernesto Alí, y los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali. La jueza Luciana Banó fundamentó la extensión de estas medidas en el aumento de riesgos procesales conforme avanza la investigación, siguiendo la doctrina del Tribunal de Impugnaciones.

Se mantienen las obligaciones para todos los imputados de firmar un libro de registro ante la fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes como control judicial. También sigue vigente la prohibición de salir de la provincia, excepto para Ernesto Alí y Luciano Anastasi, quienes quedaron exceptuados de esta restricción.

Por otra parte, la inhibición general de bienes fue prolongada para todos los acusados salvo Anastasi, quien cuenta con un embargo preventivo vigente que reemplaza esta medida. La finalidad de estas restricciones es preservar el patrimonio de los imputados y evitar situaciones que puedan afectar la futura responsabilidad patrimonial en el caso de un eventual fallo condenatorio.

Durante la audiencia, la fiscal Linda Maluf defendió la prórroga, argumentando que la causa está en una etapa avanzada y que uno de los procesados tiene antecedentes por delitos dolosos, lo que podría influir en el proceso penal al habilitar una posible reincidencia. Además, resaltó que el trámite judicial ya incluye el pedido formal de elevación a juicio y los traslados correspondientes.

En tanto, el abogado defensor de Ernesto Alí rechazó la continuidad de las medidas en su contra, alegando que su cliente siempre colaboró con la Justicia y cumplió con todas las exigencias, calificando las restricciones como un «hostigamiento» incompatible con su función institucional. Los defensores de Latini y Vivas también cuestionaron la prórroga y la inhibición de bienes, considerándolas desproporcionadas y sin fundamentos suficientes.

La audiencia contó con la participación de Luciano Anastasi, la defensora oficial que representa también a Mario Canali, y demás abogados defensores. Por su parte, desde la Fiscalía de Estado ratificaron la denuncia que dio origen a esta investigación, apoyando la continuidad de las medidas restrictivas.