Un proyecto de ley presentado por dos senadores estadounidenses propone que cualquier persona pueda demandar por daños y perjuicios si un funcionario del gobierno intenta coaccionar ilegalmente a redes sociales, empresas de inteligencia artificial o emisoras de radio y televisión para que borren una publicación, independientemente de que la plataforma acceda a la petición.

Esta iniciativa legislativa, conocida como Ley JAWBONE, fue presentada por Ted Cruz y Ron Wyden, y busca además instaurar nuevos mecanismos de transparencia sobre las comunicaciones oficiales con estas empresas. La intención es evitar que se ejerza presión desde el gobierno para censurar contenidos, especialmente aquellos relacionados con la libertad de expresión y la opinión pública.

El contexto de esta propuesta incluye un episodio en el que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, amenazó con sanciones a estaciones de televisión luego de que el comediante Jimmy Kimmel hiciera una broma que a Carr le desagradó. Aunque Carr negó que fuera una amenaza, la ley permitiría que figuras como Kimmel puedan iniciar acciones legales contra este tipo de conductas.

Además, la Ley JAWBONE empoderaría a usuarios menos conocidos que hayan sufrido la eliminación o ataque a sus publicaciones, especialmente en casos relacionados con información médica o críticas políticas, si consideran que la censura se originó en una presunta coerción estatal. Esto responde a la preocupación por la moderación de contenidos durante la pandemia, que estuvo en el centro de un caso revisado por la Corte Suprema. Aunque la Corte negó la demanda por falta de pruebas, la ley apunta a cerrar ese vacío legal.

El proyecto cuenta con respaldo bipartidista y el apoyo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE), y el Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, lo que le da mayor solidez política y jurídica.

Tanto Cruz como Wyden han acusado a la administración del partido contrario de usar agencias estatales para presionar a las grandes tecnológicas y silenciar voces críticas, señalando abuso de poder en la moderación de contenidos sobre temas sensibles como los mandatos de vacunación y las denuncias de fraude electoral. La ley busca prevenir estos abusos estableciendo un marco legal claro contra la coacción gubernamental a los medios y plataformas digitales.