La crisis institucional desatada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba derivó en una masiva purga de funcionarios municipales. Trece integrantes del gabinete del intendente Daniel Passerini abandonaron sus cargos, principalmente en la estructura de Tránsito, donde trabajaba Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado del crimen.
El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó la desvinculación inmediata de Iván Contreras y Eduardo Ramírez, exdirector general y exsecretario de Tránsito respectivamente, quienes mantenían vínculos tanto vecinales como de militancia con Barrelier. Al no pertenecer a la planta permanente, sus renuncias fueron aceptadas sin demoras. Fernández advirtió que este proceso podría ampliarse y, en ese contexto, aclaró que su propio cargo también está en evaluación.
Se detectaron graves falencias en la comunicación interna, ya que los responsables municipales desconocían antecedentes judiciales de Barrelier, como una detención previa por privación ilegítima de la libertad. Según Fernández, la información relevante no llegó formalmente ni al intendente ni a la secretaría, evidenciando la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión.
Para enfrentar esta problemática, el Ejecutivo presentó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a acortar los plazos y fortalecer el control sobre los empleados municipales. La propuesta busca implementar filtros más efectivos para evitar que situaciones similares pasen desapercibidas en el futuro y garantizar una mayor responsabilidad en la administración pública local.