El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas argentinas, junto a la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamaron al Gobierno el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En un comunicado difundido, advirtieron sobre la situación crítica presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario y pidieron una respuesta inmediata del Ejecutivo.
El pronunciamiento se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre las casas de estudio y el gobierno de Javier Milei, debido a retrasos en la transferencia de fondos, la falta de actualización salarial y la insuficiencia del financiamiento destinado a los hospitales universitarios. Los rectores insistieron en la necesidad urgente de una convocatoria a paritarias para recomponer los salarios, institución prevista en la ley para resolver la pérdida del poder adquisitivo del sector.
Además, el CIN demandó la apertura de un diálogo institucional para avanzar en la aplicación integral de la normativa, con especial énfasis en actualizar las becas estudiantiles y garantizar mecanismos claros y previsibles que aseguren la ejecución de fondos para el funcionamiento de las universidades, la infraestructura, y las actividades de ciencia y técnica.
Un punto central del comunicado fue la grave situación que enfrentan los hospitales universitarios, afectados por la falta de transferencias presupuestarias a pesar de contar con fondos aprobados en el presupuesto nacional. La ausencia de esos recursos pone en riesgo la atención y el desarrollo de estos centros.
El conflicto se intensificó luego de movilizaciones en todo el país que defendieron la educación pública y el sistema científico. El CIN reconoció el apoyo social recibido en dichas protestas, destacando la voluntad de la sociedad de sostener la universidad pública.
Por último, los universitarios dirigieron un mensaje directo al Gobierno nacional, esperando una interpretación adecuada del reclamo ciudadano y la pronta aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como base para resolver las problemáticas del sector.