El Concejo Deliberante de Olavarría comenzará a tratar un proyecto que establece una tasa específica para los aerogeneradores de energía eólica instalados dentro del municipio. Esta iniciativa fija un cobro anual de US$ 5.200 por cada turbina y contempla un régimen de estabilidad fiscal por una década para las compañías que operan estos parques.

El texto fue presentado al cuerpo legislativo por el intendente y, tras su ingreso, se girará primero a la comisión de Hacienda y luego a Legislación, lo que sugiere que el oficialismo aspira a un trámite ágil. El expediente plantea una reforma tributaria local con enfoque particular en la actividad eólica, un sector que hasta ahora tributa bajo un código genérico sin una tasa diferenciada.

Sin embargo, el proyecto no incluye información clave que permita evaluar plenamente su impacto. No contiene estimaciones sobre los ingresos que generaría esta tasa, carece de un informe técnico que justifique la cifra propuesta ni especifica cómo varían los pagos actuales de los parques respecto a la nueva carga fiscal.

Actualmente, la ordenanza fiscal vigente grava la generación de energía mediante un nomenclador general, donde las empresas eólicas están encuadradas bajo el código «Generación de energía N.C.P.» (No Clasificada en otra Parte), sin un régimen tributario particular. Esto genera un vacío que el Ejecutivo municipal pretende subsanar con la nueva norma, al establecer una tasa específica y un marco jurídico más claro.

Este cambio implica un ajuste en las reglas para las empresas ya instaladas, que podrían enfrentar modificaciones en sus obligaciones tributarias a partir de la aprobación del proyecto. Fuentes consultadas advierten que, ante la ausencia de cálculos concretos, no está claro si el nuevo régimen significará un aumento o disminución en los impuestos que pagan actualmente.

El debate en el Concejo invita a analizar cómo esta tasa afectará el desarrollo de la energía eólica local, sector en crecimiento y con gran potencial para la matriz energética regional. Además, el beneficio fiscal previsto busca brindar certidumbre a los inversores, aunque el alcance real de esta estabilidad dependerá de la discusión parlamentaria y de ajustes técnicos posteriores.