El Concejo Deliberante de Olavarría comenzará a analizar un proyecto de ordenanza que plantea un nuevo régimen tributario destinado a las instalaciones de energía eólica dentro del ejido municipal. La iniciativa establece una tasa anual de 5.200 dólares por cada aerogenerador instalado, junto con una estabilidad fiscal para las empresas operadoras por una década.

El proyecto, presentado por el intendente Maximiliano Wesner, ingresará para su tratamiento y primera discusión en la comisión de Hacienda, para luego ser evaluado por la comisión de Legislación. Se especula que el bloque oficialista buscará agilizar su aprobación mediante un trámite rápido, dada la importancia del sector energético para la ciudad.

La propuesta pretende subsanar lo que el Ejecutivo califica como un vacío en la regulación actual, ya que la ordenanza fiscal vigente incluye a la producción de energía entre sus actividades gravadas, pero bajo un código genérico que no especifica ni distingue a las empresas eólicas. Actualmente, estas tributan bajo el código Nº 401190, definido como "Generación de energía N.C.P. (No Clasificada en otra Parte)".

El nuevo sistema apunta a establecer un marco impositivo específico para la energía eólica, diferenciado del régimen general, con el objetivo de clarificar la base tributaria y formalizar la contribución de los parques instalados en el municipio. Sin embargo, el proyecto no incluye datos concretos sobre la recaudación estimada, ni un estudio técnico que justifique el valor de la tasa propuesta.

Además, la ordenanza no explica si el cobro de esta tasa implicaría una mayor o menor recaudación en comparación con el régimen vigente. Esto genera incertidumbre entre las empresas, ya que el cambio modificaría las reglas de juego respecto al marco bajo el cual radicaron sus inversiones y operan sus parques eólicos.

Expertos consultados por este medio señalan que sin un informe que indique la carga tributaria actual y la estimación futura, no es posible determinar si el proyecto resultaría fiscalmente favorable o perjudicial para las compañías.

Finalmente, el texto del proyecto contempla además la creación de un régimen de estabilidad fiscal por diez años para las empresas afectadas, lo que implicaría garantía de mantenimiento de las condiciones tributarias durante ese período, buscando fomentar la inversión y la continuidad de las operaciones en el sector.