El presidente argentino Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a una delegación del Banco Mundial encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe, para oficializar un paquete de garantías por hasta US$ 2.000 millones. Este respaldo facilitará el acceso a préstamos comerciales en condiciones más favorables, apuntando a mejorar el perfil financiero del país.

La garantía aprobada cubre una parte significativa del servicio de la deuda asociada a este préstamo, lo que reduce el riesgo para los acreedores y, en consecuencia, disminuye el costo financiero para Argentina. De este modo, el Gobierno busca consolidar una estrategia de acceso gradual a los mercados internacionales de crédito y refinanciar compromisos vigentes en moneda extranjera en mejores términos.

Además de Milei, participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno. La delegación del Banco Mundial incluyó a Peter Siegenthaler, director para Argentina, Paraguay y Uruguay; Daniel Pierini, director ejecutivo alterno; y Cristina Panasco Santos, gerente de Operaciones para la región. La reunión siguió a conversaciones técnicas previas en el Palacio de Hacienda con autoridades económicas nacionales para definir los detalles del esquema de asistencia.

El ministro Caputo destacó que gracias a esta garantía se podrá acceder a financiamiento con tasas de interés mucho más bajas que las existentes actualmente en el mercado, lo que representará un ahorro material para el país. También agradeció el apoyo del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y de otros representantes del organismo como Tsutomu Yamamoto, director gerente de la Corporación Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que colabora en el acuerdo.

Este paquete de garantías se enmarca en un esfuerzo por fortalecer el programa financiero del Gobierno, considerado clave para estabilizar la economía y mejorar la confianza de los inversores internacionales. La operación simboliza un aval institucional de peso a las políticas económicas vigentes y aspira a favorecer una gestión sostenible de la deuda que permita afrontar los vencimientos con mayor holgura.