El gobierno de Córdoba creó un fondo de emergencia con un presupuesto de 2.000 millones de pesos para asistir a las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. Esta medida busca responder a la grave situación que enfrentan estas organizaciones ante la suspensión de aportes del Gobierno nacional, lo que pone en riesgo la continuidad de sus actividades.
El fondo, denominado “Córdoba Sostiene – Fondo de emergencia para discapacidad”, podrá cubrir gastos corrientes, honorarios profesionales y la compra de insumos esenciales. De esta forma, pretende garantizar que las entidades que dependen de estos recursos no deban cerrar o reducir su funcionamiento, evitando así el colapso del sistema asistencial para personas con discapacidad.
El anuncio fue formalizado en un acto en el Centro Cívico, con la presencia de más de 200 representantes de instituciones cordobesas del sector. El gobernador Martín Llaryora destacó la necesidad de establecer políticas transversales, sin distinción de partidos ni religiones, enfocadas en proteger a las personas con discapacidad.
Este fondo surge como respuesta a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley de Emergencia en discapacidad, que había sido sancionada en dos oportunidades. La crisis empeoró cuando las organizaciones dejaron de recibir aportes de programas como PAMI y el plan social Incluir Salud, fundamentales para su financiamiento.
Con esta iniciativa, las autoridades provinciales buscan mantener el entramado institucional que sostiene a este sector vulnerable y evitar que las personas con discapacidad y sus familias se queden sin apoyo. La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, acompañó al gobernador en el anuncio y reforzó el compromiso de la provincia para acompañar a estas instituciones en este momento crítico.