Los repartidores de aplicaciones en Argentina recurren cada vez más a créditos otorgados por las propias plataformas para adquirir o reparar vehículos usados en su actividad, pero enfrentan tasas de interés extremadamente elevadas que llegan a superar el 700% anual. Esta situación pone en riesgo la estabilidad económica de quienes dependen de estas aplicaciones para trabajar.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), destacaron que el acceso a estos préstamos es selectivo y se otorga principalmente a quienes tienen altos niveles de actividad dentro de las plataformas. La secretaria general del sindicato advirtió que muchos repartidores deben extender sus largas jornadas laborales, que oscilan entre diez y doce horas, solo para cumplir con el pago de estos créditos.

Según un informe del Banco Central, el número de deudores vinculados a la llamada "economía gig" aumentó notablemente en los últimos años, evidenciando una escalada preocupante del endeudamiento. Al cierre de 2025, la deuda promedio de los monotributistas que trabajan en estas aplicaciones alcanzó los 900.000 pesos, en un contexto donde más de la mitad de quienes acceden a estos préstamos son trabajadores independientes que concentran la mayor parte del dinero financiado.

El organismo regulador destacó que las plataformas utilizan algoritmos que toman en cuenta la antigüedad del trabajador, la aceptación de pedidos y las calificaciones de los usuarios para definir quiénes pueden acceder al crédito. Desde las empresas señalan que estas iniciativas buscan promover la inclusión financiera de trabajadores que habitualmente tienen un acceso limitado a servicios bancarios formales.

En ese marco, PedidosYa informó que ofrece créditos a sus repartidores desde 2024, con plazos de hasta seis meses y montos que no superan el 30% de los ingresos del trabajador. Por otro lado, Banco Galicia estableció un convenio con Rappi para brindar opciones de financiamiento y bancarización, intentando ampliar las herramientas financieras disponibles para estos colectivos.

El reclamo sindical insiste en la necesidad de que el Estado regule este tipo de financiamiento para proteger a los trabajadores de condiciones abusivas y evitar que las tasas exorbitantes terminen profundizando la precariedad laboral y económica de los repartidores.