El equilibrio fiscal que exhibe el Estado nacional contrasta con la situación financiera de las provincias, que dejaron atrás el superávit para registrar déficits marcados. Informes privados revelan que el ajuste aplicado por el Gobierno central trasladó parte del costo a las administraciones provinciales, obligadas a reducir gastos sin dejar de financiar salud, educación y seguridad.

Según datos oficiales, la Nación acumuló un superávit primario y financiero positivo en los primeros meses del año, incluso superando las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este resultado favorable se refleja en un debilitamiento de las cuentas provinciales, que no logran equilibrar ingresos y gastos.

Los ingresos totales de las provincias aumentaron levemente en términos reales, pero los gastos crecieron a un ritmo más acelerado. El aumento en el gasto corriente y en la inversión pública empujó el gasto total a una expansión que superó el crecimiento de los recursos. Como consecuencia, las cuentas provinciales pasaron de un superávit primario positivo a registrar un déficit en 2025.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destacó que el resultado fiscal total de las provincias empeoró considerablemente, transformándose en un déficit amplio que alcanza no solo a las jurisdicciones con problemas financieros históricos, sino también a distritos hasta ahora más estables. Esta dinámica dificulta el financiamiento de servicios esenciales en todo el país.

La consultora Vectorial subrayó que este fenómeno implica un traspaso desigual de las cargas fiscales hacia las provincias, que deben hacer frente a menores transferencias nacionales sin contar con más ingresos propios. Esto restringe la capacidad de inversión pública en áreas clave y aumenta las tensiones fiscales subnacionales.

Por su parte, especialistas advierten que, aunque la recaudación nacional sigue siendo insuficiente para sostener un crecimiento estable, el Gobierno central mantiene una posición fiscal sólida. La continuidad de este modelo plantea un escenario complejo para las provincias, cuyos déficits comprometen la sustentabilidad de sus políticas públicas en medio de mayores restricciones presupuestarias.