Los trabajadores del reparto a domicilio en Argentina están atrapados en un ciclo de endeudamiento que compromete su estabilidad financiera. Sin acceso al sistema bancario tradicional por no contar con recibos de sueldo convencionales ni historial crediticio formal, recurren a microcréditos ofrecidos por las mismas plataformas donde trabajan, que aplican tasas de interés que pueden alcanzar hasta un 700% anual.
Estos préstamos suelen destinarse a la adquisición, mantenimiento o reparación de herramientas esenciales, como bicicletas y motocicletas. Sin embargo, los altos costos financieros generan dependencia hacia las empresas y obligan a los repartidores a trabajar más horas para cumplir con sus obligaciones económicas.
El Banco Central ha señalado que las aplicaciones elaboran un sistema propio de puntaje basado en métricas internas, como antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y carga horaria. Este scoring influye en el acceso a créditos y condiciones laborales, instaurando un mecanismo de presión sobre los empleados.
La deuda promedio de estos trabajadores autónomos que trabajan bajo la figura de monotributistas supera los 900 mil pesos, un reflejo de la delicada situación financiera que atraviesan. A pesar de que las plataformas promueven flexibilidad horaria, en la práctica esta se traduce en una precarización laboral, ya que jornadas prolongadas son necesarias para compensar las bajas comisiones y cubrir los préstamos internos.
Desde el sindicato de repartidores Sitrarepa advierten que estas condiciones crean un marco de subordinación financiera que amenaza la seguridad económica de quienes sostienen el servicio de entrega a domicilio en la actualidad. La inclusión financiera que venden las empresas termina quedando lejos de la realidad que viven los repartidores en las calles.