La reforma electoral impulsada por el Gobierno se encuentra frenada ante la falta de consenso en el Senado para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que busca reducir los gastos del proceso electoral. Esta iniciativa no logra un respaldo suficiente siquiera entre los aliados del oficialismo, complicando su avance parlamentario.
Para superar este escollo, desde la Casa Rosada analizan habilitar listas colectoras por distrito como alternativa a las PASO. Sin embargo, este mecanismo, históricamente criticado por sectores cercanos al Gobierno, enfrenta fuertes reticencias internas. La líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reconoció su rechazo inicial a las colectoras y calificó la propuesta como "un retroceso", aunque luego abrió a la negociación admitiendo que no se vislumbra una opción mejor.
El debate dentro del oficialismo todavía incluye varias alternativas: reducir el carácter obligatorio de las PASO, permitir que las internas no sean exclusivas para afiliados partidarios, avanzar hacia un financiamiento estatal decreciente para las campañas y, como último recurso, aceptar las colectoras. Pese a estas opciones, los principales aliados parlamentarios de La Libertad Avanza no logran unificar posiciones claras.
Además de la resistencia interna, la propuesta enfrenta reparos de la oposición, incluyendo sectores del peronismo, la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales, en particular respecto a la posible reincorporación de las listas colectoras. Algunos senadores opositores califican la estrategia oficialista de poco viable y consideran improbable un acuerdo a corto plazo, dada la intención del Gobierno de presentar candidatos en todas las provincias y esperar que los gobernadores resuelvan las tensiones.
A esos desafíos políticos se suma la resistencia de varios gobernadores. En el marco de los actos por el Día de la Independencia, mandatarios provinciales como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut) manifestaron rechazo explícito a la ampliación de las colectoras, dificultando aún más las negociaciones.
Con el estancamiento en la reforma electoral, el Ejecutivo ha desplazado al segundo plano esta iniciativa y pone el foco en conseguir la aprobación del régimen de zonas frías, uno de sus proyectos prioritarios, que busca financiar aspectos clave del presupuesto universitario. La demora en concertar acuerdos sobre la reforma electoral se suma a la presión por el calendario legislativo, ya que los tiempos para introducir cambios legales antes de 2027 se agotan rápidamente.