Una auditoría oficial detectó aumentos de precio de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades financieras en el manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
El análisis comparó facturas emitidas al Estado con valores estándar del mercado, evidenciando una disparidad grave. El Ministerio de Salud responsabilizó a Andis por estos desvíos que, según el informe difundido por La Nación, no solo afectan el gasto público, sino que también involucran un entramado de empresas vinculadas entre sí, muchas con conexiones societarias y familiares, que aprovechan las contrataciones paralelas para inflar precios.
Estas maniobras, ahora bajo investigación judicial liderada por el fiscal Franco Picardi, podrían constituir un fraude millonario. La red de proveedores denunciada distorsiona la libre competencia y pone en riesgo la transparencia en la asignación de recursos públicos.
El caso también adquiere relevancia social dada la coincidencia con otras problemáticas económicas, como la deuda millonaria acumulada por el Gobierno anterior con las universidades nacionales, donde se adeudan sumas similares a las que se investigan por presuntas coimas en Andis.
El impacto principal recae en la población con discapacidad, afectada indirectamente por la reducción o encarecimiento de insumos esenciales que garantizan su calidad de vida. Esta situación exige un mayor control y seguimiento en los procesos de compra pública para evitar daños mayores y garantizar el uso adecuado de los recursos estatales.