La Corte Suprema de Justicia confirmó la ejecución de un decomiso que supera los 685 mil millones de pesos en el marco del caso Vialidad, donde Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta. Esta cifra supera en ocho veces el monto original establecido al inicio del juicio y afecta el patrimonio de todos los acusados involucrados en la causa.
Este fallo puso fin a los recursos presentados por las defensas de Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, desestimando sus planteos y habilitando el avance judicial para recuperar los bienes correspondientes. La cifra actualizada fue calculada a partir del índice de inflación oficial entre los años 2022 y 2025, por el cuerpo de peritos contadores del máximo tribunal y con participación de especialistas designados por ambas partes y el Ministerio Público.
El origen del caso se remonta a una condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 que determinó la responsabilidad de la entonces vicepresidenta, y otros exfuncionarios y empresarios, en la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz durante un período de más de una década. La maniobra incluyó el direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y trabajos inconclusos que generaron un perjuicio económico significativo al Estado.
La sentencia original estableció un decomiso cercano a los 85 mil millones de pesos, cifra que debió ser actualizada al quedar firme la condena. Esta actualización, que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, causó el aumento exponencial del monto, un punto que las defensas intentaron revertir sin éxito.
Además de Cristina Fernández de Kirchner, fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros exfuncionarios, quienes recibieron penas que incluyen prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con variaciones según su rol en la maniobra.