Varias obras públicas en la provincia de Buenos Aires, ya financiadas por organismos internacionales, permanecen paralizadas debido a que Luis Caputo se negó a firmar los avales requeridos para avanzar con los proyectos. Estas autorizaciones son imprescindibles para que el gobierno provincial pueda ejecutar las obras y están vinculadas a créditos otorgados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fonplata.

Caputo ya aprobó avales similares para otras diez provincias, permitiendo que proyectos por cerca de 2.000 millones de dólares se pondrán en marcha. Sin embargo, los proyectos en Buenos Aires continúan estancados a la espera de una firma que el exfuncionario aún no concede, afectando iniciativas de infraestructura vitales para la región.

Entre las obras afectadas destaca la construcción de una nueva planta depuradora cloacal para las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, zonas que enfrentan un crítico problema ambiental debido a que gran parte de las descargas cloacales se vierten directamente al Río de la Plata sin tratamiento. Actualmente, solo una fracción de los efluentes recibe proceso adecuado, mientras que el resto impacta negativamente el ecosistema local.

También está bloqueado un proyecto estratégico para la mitigación de inundaciones: la construcción de un Túnel Aliviador que conectaría el arroyo Las Piedras con el Río de la Plata, obra clave para reducir el impacto de las lluvias en el sur del conurbano bonaerense. Otro proyecto postergado es un acueducto financiado con fondos de Kuwait para la ciudad de La Plata, con una inversión cercana a los 63 millones de dólares.

Además, la nueva Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada —financiada por la CAF—, que busca resolver los problemas de escasez y baja presión de agua en la región, también se ve afectada. La planta actualmente en servicio tiene más de 70 años y no es suficiente para cubrir la creciente demanda.

La negativa de Caputo impacta incluso en proyectos viales importantes, como la construcción de la autopista en la Ruta 11 y la rehabilitación integral de la Ruta 6. Para estos y otros trabajos, existen préstamos con vencimiento próximo que requieren la aprobación inmediata del aval para evitar incumplimientos y garantizar la continuidad.

Frente a esta situación, el juez Alberto Recondo ordenó a Caputo responder en un plazo de diez días respecto a los pedidos de aval, declaración que no tuvo respuesta y que el magistrado calificó como una “restricción al financiamiento internacional” que complica la ejecución prevista de las obras. La demora pone en riesgo mejoras urgentes para infraestructura sanitaria, ambiental y vial en la provincia más poblada del país.