Un equipo de peritos informáticos logró recuperar mensajes borrados de grupos de WhatsApp, en los que se acusaba a la concejal Karina Martínez de utilizar “favores sexuales” para obtener notas periodísticas favorables. Estos mensajes forman parte de una investigación que la edil denunció públicamente tras sufrir hostigamientos, y que ahora cuentan con respaldo técnico para avanzar en una acción judicial.

La polémica se originó en grupos cerrados donde militantes libertarios organizaban campañas digitales para desacreditar a opositores y disciplinar a sus propios miembros. En estos espacios, se viralizaban fotos y datos filtrados desde el Concejo Deliberante para presionar a legisladores libertarios que no acataban ciertas órdenes. Según fuentes, quienes manejan estas redes, Martín y Lule Menem, no solo conocen estas maniobras sino que las promueven.

La concejal Martínez denunció que en esos grupos se la denigraba llamándola “prostituta VIP” y asegurando que “pagaba notas con favores sexuales”. Estas graves acusaciones se difundieron durante meses y finalmente salieron a la luz tras una entrevista que ofreció en un medio local. El material recuperado por los especialistas refuerza las denuncias y será utilizado como prueba ante el Poder Judicial.

Además, se sabe que Martín y Lule Menem están involucrados de manera activa en esta operatoria, incluso respaldando ataques digitales contra miembros del gobierno y opositores. La revelación se complementó con audios que confirmarían su participación directa en la organización de estas campañas de hostigamiento y presión en redes sociales.

Un episodio reciente evidenció esta situación cuando desde una cuenta anónima que insultaba a funcionarios nacionales se filtraron datos falseados o tendenciosos. La autoría de esta cuenta, vinculada a uno de los dirigentes mencionados, fue expuesta y la publicación relacionada borrada para evitar más repercusiones. Esta conducta se inscribe en un patrón sistemático de agresiones digitales que afectan la dinámica política local.

Las denuncias y la presentación de evidencias por parte de Martínez marcan un punto clave en la investigación que el sistema judicial deberá esclarecer, mientras persisten las tensiones dentro de los grupos políticos que actúan en el escenario público riojano.