Los conductores de autobuses de Río de Janeiro iniciaron una huelga por tiempo indefinido desde la madrugada de este lunes, tras rechazar las ofertas de incremento salarial y mejoras en sus condiciones laborales presentadas por las empresas del sector. Esta medida afecta a millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público en la capital carioca.
Ante el paro, el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región emitió una orden que obliga a garantizar al menos el 50% de la flota operativa en circulación por ruta y línea, durante todo el periodo de huelga. Además, se establecieron multas diarias para las organizaciones sindicales en caso de incumplimiento, buscando minimizar el impacto sobre los ciudadanos. Mientras tanto, el sistema BRT mantiene sus operaciones con normalidad bajo el plan habitual para días hábiles.
Los choferes reclaman un cambio en la fecha base del convenio al 1 de marzo y un salario de R$ 5.000 para quienes conducen autobuses articulados, además de R$ 4.000 para el resto del personal. Solicitan también eliminar los contratos temporales, obtener un ticket de alimentación mensual de R$ 1.000, una jornada laboral de 5 días por 2 de descanso, mantenimiento del pase gratuito, compensación por media hora de almuerzo, y cobertura en planes de salud y dentales.
Por su parte, las patronales ofrecieron un aumento calculado sobre la inflación medida por el Índice Amplio de Precios al Consumidor (IPCA), equivalente a un 4,39%, elevando el salario mínimo para choferes regulares de R$ 3.420 a R$ 3.570, y para conductores de autobuses articulados de R$ 4.104 a R$ 4.285. La asistencia alimentaria subiría de R$ 660 a R$ 689. Esta propuesta fue rechazada de plano por los trabajadores.
En paralelo, las autoridades de los gobiernos municipal y estatal declararon un día de punto opcional por un partido de fútbol internacional, buscando reducir la circulación en la ciudad y gestionar el tránsito con menor congestión. El ayuntamiento aseguró que vigilará de cerca la situación y tomará las medidas necesarias para proteger el derecho de los ciudadanos a desplazarse, frente a la complejidad del conflicto colectivo.