El Congreso de Bolivia otorgó al presidente Rodrigo Paz la autorización para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles y declarar el estado de emergencia debido a la prolongada crisis social que atraviesa el país. La medida, que derogó la Ley 1341 que regulaba los estados de excepción, busca ofrecer al Ejecutivo mayores herramientas para afrontar los bloqueos y protestas de sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales.
La aprobación se produjo en la Cámara de Diputados, que sesionó virtualmente y votó de manera nominal tras conceder a cada legislador media hora para exponer sus argumentos. El proyecto ya contaba con la aprobación del Senado desde días atrás, y en la Cámara baja recibió respaldo de dos tercios de sus miembros.
Las movilizaciones que originaron esta decisión surgen en rechazo a las políticas económicas liberales del Gobierno y por demandas salariales. Además, los sectores protestantes acusan al Ejecutivo de distribuir combustible de mala calidad, lo que habría provocado daños en vehículos a nivel nacional. El debate en el Congreso estuvo marcado por duras críticas hacia el expresidente Evo Morales, señalado por varios legisladores como responsable de la crisis política y social actual.
Uno de los diputados del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, defendió la derogación de la Ley 1341 y afirmó que el país requiere una respuesta estatal más enérgica frente a la conflictividad. Según su postura, la norma previa limitaba las prerrogativas constitucionales del presidente y no permitía reaccionar adecuadamente ante la violencia, a la vez que alertó sobre la existencia de dos sectores irreconciliables: «el pueblo boliviano y los terroristas».
La llamada «ley Eva Copa», que había sido aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, establecía restricciones para el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Su derogación ahora permite al presidente Paz mayor margen para intervenir con fuerzas militares y policiales en zonas afectadas por la crisis.
En el marco de esta situación, la posibilidad de declarar estado de emergencia faculta al Ejecutivo a restringir ciertas libertades públicas y a actuar con rapidez para contener protestas y bloqueos que impactan la movilidad y la economía del país.