El Ejecutivo nacional estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas de Chubut, Santa Cruz y Mendoza debido a condiciones climáticas adversas que impactaron la producción. Esta medida, publicada oficialmente, busca ofrecer alivio económico y asistencia financiera a los productores afectados por sequías, vientos, heladas y granizo.
En Chubut, la emergencia se decretó por sequía para todas las explotaciones ganaderas, con vigencia desde principios de enero y duración de un año. La resolución establece que la finalización del ciclo productivo para los establecimientos afectados será reconocida oficialmente en enero del año siguiente. Para acceder a los beneficios, los productores deben presentar un certificado de daño emitido por autoridades provinciales, mientras que la provincia debe enviar el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Santa Cruz también fue alcanzada por la emergencia a causa de la sequía y vientos fuertes, con un periodo similar de validez para los productores ganaderos afectados. Los beneficiarios podrán solicitar la incorporación al registro oficial mediante la presentación de la documentación que acredite las pérdidas, lo que les permitirá gozar de beneficios fiscales, acceso a créditos y otros programas oficiales de apoyo.
En Mendoza, la declaración abarca 16 departamentos golpeados por heladas y granizadas. La emergencia fue establecida con diferentes plazos según el fenómeno: la helada afecta desde diciembre hasta marzo del año siguiente, mientras que los daños por granizo cubren desde enero hasta el mismo mes. Los productores deberán tramitar certificados de daños ante las autoridades locales para acogerse a la asistencia prevista.
Además, la resolución en Mendoza instruye a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a formalizar convenios para aplicar las medidas de apoyo y seguir el proceso de asistencia. Entre los departamentos afectados se encuentran San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael.
La ley 26.509 de emergencia agropecuaria regula estas situaciones y el Gobierno aprovecha esta normativa para ofrecer prórrogas en obligaciones fiscales, facilitar financiamiento mediante entidades bancarias y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), así como implementar programas específicos de ayuda para los productores dañados por eventos climáticos.