La detención del empresario Mauricio Ríos, conocido como “El Gordo Maury”, se profundizó tras el descubrimiento de una camioneta robada en un inmueble presuntamente usurpado en Cariló. La Justicia federal, a cargo del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, lo investiga junto a su colaborador Paul Nicolás Etcheverry por delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos.

El vehículo incautado es una Jeep Compass Longitude que llevaba una patente adulterada y que fue sustraída en Avellaneda en 2019. El juez Inchausti argumentó que tanto Ríos como Etcheverry utilizaron esta camioneta y la tenían bajo su custodia cuando fue encontrada en el domicilio usurpado. En ese expediente, el juez David Mancinelli, reconocido por causas de alto perfil, indaga la usurpación desde 2022 y varios testigos con identidad reservada afirmaron haber visto a Ríos conduciendo el vehículo.

En respuesta a un pedido de excarcelación presentado por la defensa, Inchausti emitió un fallo extenso en el que lo negó, aunque le fijó una fianza millonaria con un fiador personal, condicionando la libertad bajo caución. Los antecedentes comerciales de Ríos agregan particularidad al caso, ya que en 2014 protagonizó una transferencia de un fondo de comercio de un supermercado en Río Gallegos a manos de un empresario con historial polémico.

Por otro lado, Etcheverry presentó un documento cuestionado dentro de la causa, un boleto de compraventa con fecha previa a la denuncia por usurpación, cuya veracidad es puesta en duda. La contraparte en ese supuesto contrato coincidiría con la dirección de una agencia de autos vinculada a un hombre condenado recientemente por integrar una banda dedicada al robo en departamentos, hecho que añade un nuevo nivel de complejidad al entramado judicial que rodea a Ríos.

Los arrestos que ordenó la Policía Federal en conjunto con la División de Operaciones Urbanas y Fiscales de Mar del Plata se enmarcan en una causa más amplia que investiga tanto la usurpación del inmueble como la posible manipulación de antecedentes con documentos públicos falsificados. La judicialización del caso continúa abierta, mientras la Justicia espera profundizar la investigación sobre las conexiones entre los involucrados y posibles delitos conexos.