La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la validez de todas las actuaciones procesales realizadas en la causa por violencia de género que involucra a Alberto Fernández, pese al apartamiento del juez Julián Ercolini. Con el voto unánime de los camaristas, se descartó la nulidad solicitada por la defensa del expresidente, liberando así el camino para que el proceso continúe su curso.

El pedido de nulidad se centró en los actos desempeñados bajo la investigación inicial, incluyendo allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos, extracción de información y la resolución del procesamiento, argumentando supuestos vicios originarios vinculados a la actuación del juez Ercolini antes de su recusación. Sin embargo, la Cámara sostuvo que la decisión del tribunal superior, la Cámara de Casación, limitó expresamente las consecuencias de la remoción del juez, preservando la validez de los actos ejecutados.

El tribunal subrayó que, además de desplazar al juez, la sentencia superior rechazó la retrogradación del proceso por la naturaleza sensible del caso y el compromiso internacional de Argentina en materia de protección de las mujeres y prevención de la violencia de género. Asimismo, los camaristas coincidieron en que el expresidente no solicitó directamente la nulidad total sino que pretendió que esta se aplicara tras la recusación, una posición que el tribunal no avaló.

En paralelo, la Cámara ordenó que el juez actual, Daniel Rafecas, evalúe y atienda las medidas probatorias requeridas por la defensa y previamente denegadas por Ercolini, considerándolas esenciales para el desarrollo del caso.

La investigación se originó a partir de la revisión de testimonios vinculados al expediente de Nación Seguros, cuando se encontraron comunicaciones telefónicas entre María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández, y Fabiola Yañez, ex primera dama. Estos mensajes y fotografías sugirieron situaciones de violencia de género, lo que llevó a la denuncia y al procesamiento del expresidente por lesiones leves reiteradas, lesiones graves y amenazas coactivas.

El cargo de amenazas se fundamentó en supuestas presiones ejercidas por Fernández hacia Yañez para evitar la denuncia, a cambio de asegurar el bienestar económico de su hijo. Por su parte, la defensa sostiene que estas imputaciones carecen de sustento y buscan desvirtuar la verdad de los hechos, cuestión que será evaluada en las siguientes etapas del proceso bajo la supervisión del juez Rafecas.