El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la reincorporación de una empleada municipal de Urdinarrain que había sido cesanteada después de que el municipio anuló su designación en planta permanente, pocos meses tras haberla oficializado. El tribunal rechazó el recurso presentado por la municipalidad y respaldó la sentencia previa que ordenó la restitución de la trabajadora y el pago de una indemnización por daños patrimoniales.

La empleada había sido nombrada en planta permanente mediante un decreto municipal emitido en junio de 2019; sin embargo, en diciembre del mismo año, la administración revocó ese decreto y la cesanteó. Frente a esta decisión, la trabajadora inició una demanda contra el municipio. La Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay falló a su favor, argumentando que la administración pública no puede anular unilateralmente un acto cuando los derechos derivados de ese acto ya comenzaron a ejecutarse.

El tribunal explicó que la revocación de un acto favorable debe ser excepcional y no puede aplicarse como regla general. Destacó además que el municipio, en lugar de cancelar la designación de forma directa, debió acudir a la justicia para solicitar la anulación del decreto si consideraba que era inválido. La estabilidad en el empleo que da un acto administrativo favorable se protege y no puede dejarse en suspenso sin intervención judicial.

La municipalidad defendió su postura argumentando que el nombramiento no garantizaba estabilidad porque no había transcurrido el tiempo mínimo para adquirirla, y que el acto administrativo puede revocarse mientras los agentes no obtengan esa garantía. Sin embargo, el STJ consideró que estos argumentos no descalifican la sentencia previa, catalogándolos como simples desacuerdos.

Además de ordenar la reincorporación, la resolución estableció que el municipio debe indemnizar a la empleada por daño patrimonial. De esta manera, se reafirma el principio de que la administración pública debe respetar los derechos derivados de sus actos formales y buscar la vía judicial ante cualquier irregularidad.