El Gobierno publicó un decreto que elimina varias restricciones para nombrar jueces, entre ellos los integrantes de la Corte Suprema y altos cargos del Ministerio Público. La norma apunta a acelerar los procesos de designación al reducir los plazos y eliminar algunas instancias de participación popular.

El decreto 467/2026 modifica dos normas clave firmadas en 2003, que establecían controles para que el Ejecutivo pudiera avanzar en los nombramientos. La justificación oficial es que existe una «crisis institucional» por la cantidad de vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que impide el normal funcionamiento de estas instituciones.

Entre los principales cambios figura la eliminación de la obligación del Gobierno de publicar los currículos y antecedentes de los candidatos en diarios nacionales, así como la suspensión del requisito de esperar la opinión ciudadana. Anteriormente, esta etapa buscaba garantizar mayor transparencia y control social en las designaciones.

Además, el decreto acorta el tiempo para que la agencia recaudadora y aduanera informe sobre la situación impositiva y previsional de los postulantes: pasó de un plazo libre a solo cinco días, generando dudas sobre si la ausencia de respuesta favorece al candidato automáticamente. El Ministerio de Justicia podrá elevar la postulación al Presidente sin esperar quince días, tal como ocurría antes.

La intención manifiesta es simplificar y acelerar los nombramientos para cubrir las vacantes, al mismo tiempo que se reduce la intervención de la sociedad en la aprobación de los candidatos. Se confía en que el Senado ejerza el control democrático sobre estos procesos, según lo señala la misma norma.

Estas modificaciones despertaron críticas desde amplios sectores políticos que consideran que el decreto representa un retroceso institucional. El jurista Andrés Gil Domínguez solicitó que el Poder Judicial examine la constitucionalidad de la norma, argumentando que debilita los mecanismos de transparencia y participación.

En defensa del decreto, un asesor presidencial afirmó que los procesos actuales ya incluyen audiencias públicas y mecanismos suficientes de participación. Según esta visión, las regulaciones anteriores eran excesivas y obstaculizaban la resolución de una problemática real en el sistema judicial.