La polémica por la construcción del gasoducto entre San Rafael y General Alvear escaló tras un enfrentamiento público entre sus intendentes, Omar Félix y Alejandro Molero. Félix exigió que Alvear aporte una parte del costo proporcional al suministro de gas una vez terminado el proyecto, argumento que desató una fuerte respuesta de Molero, quien denunció que la obra es de carácter nacional y cuestionó la gestión política de los hermanos Félix.

Molero indicó que el gasoducto fue gestionado por la provincia en 2017 y contaba con presupuesto en 2018, pero que el proyecto sufrió un retraso de cinco años debido a una maniobra política atribuida a los hermanos Félix bajo el gobierno nacional de ese entonces. Esta desviación de fondos, según Molero, provocó un perjuicio a las industrias locales, que quedaron paralizadas por falta de energía. Además, aseguró que esta acción afectó a los propios sanrafaelinos, postergando el acceso a un servicio indispensable para la población.

El intendente de General Alvear recordó que la Justicia ya ordenó a Nación a realizar el pago necesario para concluir la obra y que Ecogas es la autoridad técnica encargada de determinar la distribución del gas. Molero enfatizó que no permitirá que se utilice la situación climática adversa como un mecanismo de presión política y reafirmó que el gas debe ser un bien para la comunidad, no un recurso manejado desde intereses partidarios.

Por su parte, la comuna de General Alvear respondió oficialmente a la intimación realizada por Omar Félix, rechazando la supuesta deuda millonaria que se le atribuye. Calificaron la pretensión de deuda como improcedente y ratificaron que la obra corresponde al ámbito nacional. La municipalidad reafirmó su postura de no permitir que el acceso a servicios básicos se convierta en una herramienta de confrontación política o venganzas electorales.

El conflicto ha generado malestar en la región debido al impacto que la dilación en la obra tiene sobre el abastecimiento energético y el desarrollo económico local. La disputa mantiene en vilo a ambas comunidades, que esperan una solución definitiva para el acceso al gas natural.