El Gobierno de Mendoza oficializó el traspaso de dos casas, ubicadas en la ciudad capital, a la Dirección General de Escuelas (DGE). Estos inmuebles, que habían sido decomisados en 2016 por la Justicia Federal tras una sentencia relacionada con la violación de la Ley de Trata de Personas, serán ahora destinados a actividades educativas con enfoque en género y diversidad.
Mediante un decreto publicado recientemente, se dispuso que los edificios situados sobre la calle José Federico Moreno se conviertan en la sede operativa de la Coordinación del Área de Género, un espacio clave para la implementación y fortalecimiento de leyes como la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y la normativa para la protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
Este cambio persigue transformar bienes provenientes del crimen organizado en recursos para la comunidad, aportando un lugar físico propio para el equipo técnico-administrativo encargado de articular con organismos nacionales, municipales y organizaciones de la sociedad civil en materia de diversidad, inclusión y derechos.
Además, el decreto instruye a la Escribanía General de Gobierno a completar los procedimientos para inscribir legalmente las propiedades a nombre de la Provincia de Mendoza, formalizando así el reclamo patrimonial y cerrando el proceso iniciado tras el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1.
De este modo, el Estado provincial reorienta los recursos recuperados para impulsar políticas públicas dedicadas a la educación con perspectiva de género y la promoción de derechos fundamentales, entregando un uso social que contrasta con el origen ilícito de los bienes.