El Estado argentino ha intervenido en reiteradas oportunidades para rescatar deudas privadas de grandes empresas, un mecanismo que ha generado controversia por su impacto en las finanzas públicas y la desigualdad social. Desde la dictadura de 1976-1983, se implementaron políticas que permitieron transferir recursos públicos hacia grandes grupos económicos mediante la asunción estatal de obligaciones en dólares contraídas por estas compañías.
Uno de los mecanismos más significativos fue el llamado «seguro de cambio», que permitió a las empresas endeudarse en el exterior con un tipo de cambio fijo y transferir al Estado la diferencia cuando el dólar se encontraba en niveles mucho más altos al momento de la cancelación. Esto significó que las compañías sólo devolvían el valor de la deuda según el tipo de cambio inicial, mientras que el Estado asumía una fuerte pérdida cambiaria.
Además, la Circular A 251 del Banco Central, emitida en 1982, conocida como la estatización de la deuda privada, amplió esta práctica. El Banco Central pagó a los acreedores extranjeros en dólares las obligaciones de muchas empresas nacionales, mientras que estas devolvían al Estado sólo el equivalente en pesos. Auditorías posteriores revelaron que gran parte de estas deudas eran autopréstamos entre filiales argentinas y casas matrices en el exterior, un dato que evidenció irregularidades en el mecanismo.
Entre los beneficiarios de estos rescates se encuentran conglomerados económicos importantes y bancos, lo que marcó un patrón de apoyo estatal a los sectores más poderosos del mercado. Con un efecto similar, en diciembre de 2023, el gobierno actual emitió los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) para cubrir más de 11.000 millones de dólares en deudas comerciales acumuladas por importadores con proveedores extranjeros.
Este nuevo mecanismo replicó la lógica de subsidiar al sector privado en sus compromisos internacionales, una estrategia que se contrapone con la falta de políticas estatales para aliviar la deuda que acumulan las personas vulnerables cuando deben endeudarse para acceso a alimentos, medicamentos y bienes básicos. La paradoja radica en que, mientras el Estado asume las obligaciones millonarias de grandes empresas —aunque en muchos casos fueron deudas internas o con orígenes cuestionables—, los sectores más necesitados continúan sin el respaldo suficiente que les permita proteger su dignidad y subsistencia.