En los próximos meses, el Tribunal de Impugnación de Río Negro definirá si mantiene o revisa la absolución del exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, en la causa conocida como Techo Digno. La apelación fue presentada por el fiscal Santiago Márquez Gauna, quien cuestiona el fallo absolutorio dictado por unanimidad en febrero y atribuye responsabilidad penal tanto a Reggioni como al empresario Néstor Sarasola por irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

El conflicto judicial gira en torno a la ejecución de un programa estatal destinado a la construcción de 50 viviendas con fondos nacionales, cuyo manejo fue cuestionado por la Fiscalía. Se señala que entre abril y julio de 2015 se efectuaron pagos por más de 6,8 millones de pesos a la empresa constructora sin que hubiera certificaciones de obra que sustentaran esos desembolsos, lo que representaría un 30% del contrato original. Además, se denuncian sobrepagos superiores a 858 mil pesos de entonces, que actualizados superarían los 83 millones, según los índices inflacionarios.

El fiscal advirtió que el municipio no respetó las condiciones pactadas en los convenios, que exigían controles y certificados previos para liberar los fondos. Los informes técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) indicaron que el avance real de la obra era mucho menor al porcentaje abonado, vulnerando la normativa y generando un perjuicio patrimonial. En la apelación, Márquez Gauna criticó que el tribunal de juicio confundiera el avance físico con la distribución porcentual de cada partida contractual.

Asimismo, se reprocha que Reggioni no mantuvo los fondos del programa en la cuenta bancaria específica, sino que se desviaron con fines distintos a los establecidos. La Fiscalía sostiene que esta maniobra no solo implicó un ilícito financiero, sino que la continuidad de la empresa constructora y su reinicio con nuevos contratos evidencian un círculo de lucro indebido mediante la retención de excedentes municipales.

El tribunal que resolvió la absolución estuvo integrado por Alejandra Berenguer, Guillermo Javier Baquero Lazcano y Julio César Sueldo. El fiscal, conectado por videoconferencia, afirmó que el fallo cometió más de cincuenta errores en la valoración de la prueba y en la interpretación legal. La resolución final del Tribunal de Impugnación se espera para junio, cuando se definirá si se revoca o confirma la liberación penal del exintendente y el empresario involucrado.