La discusión sobre la municipalización del servicio de recolección de residuos se instaló como un tema conflictivo en el conurbano bonaerense, donde los intendentes buscan reducir uno de los costos más elevados de sus gestiones. Entre ellos, Pablo Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, destacó la necesidad de repensar el sistema actual y aseguró que será clave negociar con gremios, trabajadores y empresas para reordenar el servicio.
Descalzo puntualizó que la carga impositiva actual, especialmente el 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incrementa sustancialmente el desembolso municipal. Propuso gestionar una alícuota diferenciada o exenciones que alivien económicamente a los municipios, teniendo en cuenta que Ituzaingó aportó al Estado nacional recursos significativos sin recibir compensaciones equivalentes.
La iniciativa ya suscitó una reacción contundente del gremio Camioneros, representado por Pablo Moyano, quien denunció que la municipalización supone un avance para precarizar condiciones laborales y debilitar derechos adquiridos históricamente por los trabajadores del sector. Moyano afirmó que el objetivo detrás de la propuesta es desmantelar los convenios colectivos y reducir salarios, y advirtió que no entregarán ningún derecho conquistado.
El conflicto escaló especialmente en Villa Gesell, donde el intendente Gustavo Barrera eliminó el servicio de barrido callejero, dejando sin empleo a 45 trabajadores. Esta medida derivó en una paralización del servicio y la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, las partes no lograron acercar posiciones y el conflicto sigue abierto.
La municipalización implica que los municipios gestionen directamente la recolección y el barrido, abandonando el actual esquema de concesiones a empresas privadas con fuerte presencia sindical. Según los intendentes, esta modalidad podría optimizar recursos y ajustar el sistema a las necesidades locales, pero genera resistencia tanto en los gremios como en algunos sectores políticos por el impacto que tendría en empleos y condiciones laborales.
El debate se presenta como una señal anticipada de tensiones futuras entre las administraciones locales y los sindicatos, en un contexto donde la política y el trabajo formal vuelven a chocar por reformas en la gestión de servicios públicos esenciales.