La subasta del Complejo Casino de Necochea podrá continuar luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo revocara la medida cautelar que suspendía el proceso. Esto implica que la ordenanza municipal que autoriza la venta del inmueble vuelve a estar vigente para avanzar con la convocatoria pública. La resolución anula la decisión previa del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 local, que había paralizado la subasta tras un amparo presentado.

Los jueces que resolvieron el caso explicaron que su fallo no se pronuncia sobre la legalidad definitiva de la ordenanza ni sobre el fondo del amparo presentado, sino exclusivamente sobre la continuidad de la suspensión cautelar. Por lo tanto, el expediente principal permanece abierto y el debate judicial continúa en curso.

La venta del Complejo Casino es una iniciativa clave del gobierno local, con la intención de atraer inversión privada para revitalizar una de las zonas más representativas del frente costero de Villa Díaz Vélez. La controvertida subasta estaba prevista para febrero, pero quedó frenada por cuestionamientos judiciales que apuntaban a supuestas irregularidades en el procedimiento.

El recurso judicial fue impulsado por María Susana Laborde, quien argumentó múltiples deficiencias en la aprobación de la ordenanza 12.009. Entre los reclamos se destacaban la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental previa, la ausencia de participación ciudadana, incumplimientos referidos a la preservación del patrimonio histórico, la carencia de intervención por parte de la Comisión de Preservación Patrimonial y posibles impactos urbanos y ambientales derivados del proyecto.

En torno a estos puntos, la Cámara sostuvo que, para mantener una medida cautelar, deben evidenciarse vicios graves y claros en los actos administrativos. En este sentido, consideró que no se ha acreditado una ilegalidad manifiesta en la ordenanza ni en el decreto que la promulgó. Además, la simple puesta a subasta y la desafectación patrimonial no constituyen por sí mismas irregularidades que justifiquen paralizar todo el procedimiento.

Respecto a la preocupación ambiental, el tribunal aclaró que la ordenanza autoriza la venta del inmueble, pero no habilita automáticamente construcciones nuevas ni modificaciones urbanísticas inmediatas en el predio. Por lo tanto, la subasta, en esta fase, no genera un impacto ambiental directo que justifique su suspensión.