La llamada “causa de los cuadernos” ha servido para evidenciar la existencia de un sistema institucionalizado de espionaje político ilegal y maniobras judiciales irregulares durante el gobierno de 2015 a 2019. Documentos y testimonios recogidos revelan que el Estado se utilizó como herramienta para perseguir a cientos de ciudadanos y organizaciones políticas, sociales y gremiales con un patrón mafioso de control y extorsión.
Una investigación exhaustiva, plasmada en el informe denominado “El Estado Mafioso”, detalló que aproximadamente 170 agrupaciones fueron espiadas y 307 personas resultaron víctimas directas de este accionar. La represión política combinó el accionar de los servicios de inteligencia con la complicidad mediática y judicial, especialmente durante los primeros años de la administración presidida por Mauricio Macri.
El caso se agravó por la forma en que se gestionó judicialmente la denuncia inicialmente presentada, alterando el procedimiento legal bajo argumentos cuestionables. El juez y el fiscal a cargo se apropiaron del expediente, trasladándolo a otra causa vinculada a la corporación Gas Natural Licuado, beneficiándose así de maniobras ilegales para controlar la investigación.
En este contexto, una figura clave fue la de Marcelo D’Alessio, un operador judicial y agente encubierto vinculado al fiscal del caso. Su participación, monitoreada por el organismo de inteligencia SIDE en esa época, resultó en graves violaciones al debido proceso. Actualmente, D’Alessio cumple una condena por su rol en actividades ilícitas relacionadas con estas operaciones.
Las irregularidades judiciales revelaron el abuso del principio de inocencia y un uso manipulador de la figura del “arrepentido” para generar confesiones forzadas. Durante las investigaciones, se denunciaron prácticas como la preparación de acuerdos fraudulentos y la distribución de favores entre funcionarios del Poder Judicial, que trascendieron las normas constitucionales y legales.