La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni incluye un análisis detallado de compras realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados públicos. Entre los productos detectados figuran un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos, adquiridos en agosto del año pasado mediante la plataforma Mercado Libre por un monto cercano a los 6 millones de pesos.
El monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K, cuyo precio superó los dos millones de pesos, fue pagado con una tarjeta a nombre de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación. Por otra parte, los dos proyectores Epson Home Cinema, valorados en casi un millón ochocientos mil pesos cada uno, fueron abonados con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, Coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, también dependiente de la vocería presidencial.
Los investigadores ampliaron el foco sobre otro empleado público de la misma área, involucrado en compras por un total superior a los ocho millones de pesos a través de una reconocida empresa llamada “Rosen The Store”. Estas operaciones forman parte de las inconsistencias patrimoniales que motivan la pesquisa.
La fiscalía también examina otros gastos onerosos, entre ellos la adquisición de un flipper de colección con temática de “Los Locos Addams” valuado en ocho mil dólares, destinado a equipar una propiedad de Adorni en la provincia de Buenos Aires. Esta información proviene del análisis del teléfono celular de Matías Tabar, un contratista vinculado a la remodelación de la vivienda.
Este conjunto de evidencias se encuentra bajo estudio por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera la investigación con el soporte técnico de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Su trabajo consiste en cruzar los gastos detectados con las declaraciones patrimoniales oficiales del funcionario. El expediente revela múltiples erogaciones no declaradas, corroboradas por facturas, remitos y testimonios recabados en la causa.