El Concejo Deliberante de la Ciudad Capital de La Rioja aprobó una normativa que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, comúnmente llamados vapers, en espacios cerrados de acceso público. Esta medida apunta a minimizar los efectos nocivos que generan tanto en quienes los consumen como en las personas a su alrededor.
La iniciativa fue impulsada por la concejal Viviana Luna, quien destacó el crecimiento en el consumo de estos dispositivos, especialmente entre los jóvenes, y fundamentó la decisión en evidencia científica que confirma daños a la salud relacionados con su uso. Además, señaló que el vapear resulta molesto para personas cercanas, aun cuando la exposición directa sea involuntaria. La ordenanza contempla sanciones que serán reglamentadas próximamente para quien incumpla la prohibición.
Se consideran espacios cerrados de acceso público todos aquellos locales cubiertos donde asistan personas, ya sea de forma permanente o temporal. Entre ellos figuran bares, restaurantes, oficinas públicas, establecimientos educativos, centros culturales, espacios deportivos, salas de espectáculos, transporte público y centros comerciales. Los responsables de estos lugares deben colocar señalización visible que informe sobre la restricción del vaping.
Esta regulación forma parte de las políticas municipales de salud pública, y contó con la colaboración de la comisión de Salud para reforzar la prevención y el bienestar comunitario. Según la concejal Luna, la medida busca concretar espacios interiores más saludables y disminuir la exposición involuntaria a sustancias nocivas derivadas del vapeo.
En la misma sesión legislativa, el Bloque Frente Justicialista exigió al jefe de Gabinete el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, alertando sobre la falta de asignación presupuestaria que podría afectar salarios, carreras, infraestructura y becas en la educación superior.
Con esta ordenanza, La Rioja se suma a otras ciudades que regulan el uso de dispositivos electrónicos de consumo de nicotina, apuntando tanto a la prevención sanitaria como a la protección de la ciudadanía frente a productos cuyo impacto para la salud todavía genera preocupación.