El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionó con firmeza un proyecto presentado en la legislatura que pretende “desregular el mercado inmobiliario”. La propuesta fue impulsada por representantes del bloque La Libertad Avanza y plantea equiparar a profesionales matriculados con cualquier persona interesada en el rubro, lo que los expertos calificaron como un retroceso significativo.
Según Luis Eusebio Colao, presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, la iniciativa carece de fundamento profesional y científico, y representa un avance hacia una regulación obsoleta que ignora décadas de desarrollo profesional en el sector. Advirtió que el proyecto busca, a través de un texto confuso, igualar a los martilleros y corredores públicos formados con cualquier persona física o jurídica sin matrícula.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la modificación del artículo que regula las infracciones en la compraventa de inmuebles. El cambio excluiría las sanciones a quienes intervengan sin contar con el título correspondiente, algo que el Colegio interpreta como la despenalización de una práctica ilegal. El presidente denunció que esto equivaldría a "legalizar la ilegalidad" y facilitaría un aumento en las estafas vinculadas a la compraventa inmobiliaria.
El rechazo también se fundamenta en el impacto laboral que este tipo de desregulación podría ocasionar. Colao sostuvo que la iniciativa pone en riesgo de precarización o incluso desaparición las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que dependen directa o indirectamente del mercado inmobiliario bonaerense. Además, remarcó el daño que implicaría para quienes invierten años en formación académica y continua capacitación para brindar un servicio profesional.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense llamó a mantener la regulación vigente, que garantiza la calidad, la legalidad y la protección tanto de los profesionales como de los consumidores, y manifestaron su firme oposición a cualquier intento de desregular un sector clave para la economía provincial.