Javier Milei ha desplegado una estrategia política para convencer a la dirigencia y al sector financiero de que puede conquistar la reelección, sustentando su discurso en una leve mejora en las encuestas y ciertos indicadores económicos. Esta recuperación se fundamenta en la disminución del riesgo país y signos incipientes de recuperación en algunas actividades productivas. Sin embargo, estos avances son relativos y llegan en un contexto de dificultades estructurales.

La estadística más reciente de la OCDE presenta un panorama preocupante para Argentina en comparación con sus vecinos: la inversión extranjera se mantiene en niveles bajos, ocupando el último puesto regional con apenas 3.134 millones de dólares. Ante esto, Luis Caputo, funcionario cercano al gobierno, atribuyó el problema a la necesidad de una continuidad política prolongada para atraer más capitales, una explicación que no satisface del todo a los analistas ni al sector privado.

El consumo interno, otro termómetro económico, volvió a retroceder el mes pasado, evidenciando la fragilidad del mercado local. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional emitió un claro mensaje a la Casa Rosada: cuestionó la política cambiaria actual, la confiabilidad de las estadísticas oficiales del INDEC y la sinceridad del equilibrio fiscal declarado. Además, exigió mayor transparencia y cumplimiento de controles anticorrupción entre los funcionarios, en una referencia velada a un miembro del gabinete.

En un giro inesperado, el empresario Eduardo Elzstain, vinculado históricamente al oficialismo y dueño de IRSA, dio muestras de distanciamiento al homenajear la libertad de prensa y el periodismo, en un reconocimiento que sorprendió a la cúpula libertaria que apoya a Milei.

En lo político, la prioridad del gobierno es consolidar la idea de que Milei es un candidato viable para evitar que la incertidumbre electoral paralice la economía o desvíe el apoyo hacia Patricia Bullrich. Un eje fundamental de esta estrategia es destrabar en el Senado la reforma electoral, que contemplaría cambios como la flexibilización de las primarias, permitiendo que cada partido decida si son obligatorias, y el establecimiento de condiciones estrictas —como la preinscripción de un porcentaje significativo de electores— para realizarlas.

Este proyecto también considera introducir el casillero de lista completa en la boleta única, un mecanismo pensado para fortalecer la ventaja del actual mandatario. Mientras, gobernadores, el PRO y la UCR negocian con el gobierno, buscando ganar tiempo y esperar nuevas encuestas que definan si la caída de Milei puede detenerse o si se confirmará un cambio en la correlación de fuerzas político-electorales.