El decreto 475/2026 estableció una ampliación significativa de las exenciones al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, con el objetivo de promover una competencia más justa entre bancos tradicionales, fintech y plataformas de criptomonedas. Esta medida busca corregir distorsiones que afectaban la digitalización financiera y generaban una carga impositiva oculta para algunos actores del mercado.
Antes de esta regulación, las cuentas de bancos convencionales estaban exentas del impuesto para no encarecer las transacciones financieras, pero las fintech y plataformas cripto enfrentaban una situación desigual. En particular, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) sufrían una prohibición explícita desde una norma del 2021 que les impedía acceder a esos beneficios, trasladando costos fiscales a los comercios y usuarios finales.
Con el nuevo decreto, las empresas dedicadas exclusivamente a operaciones digitales y que mantienen cuentas bancarias solo para esa actividad podrán gozar de exenciones fiscales. Esto incluye billeteras virtuales, operadores de criptoactivos y servicios vinculados con tarjetas de crédito y transportadoras de fondos.
Para acceder a esta exención, las plataformas deben cumplir obligaciones específicas: inscribirse en el Registro de PSAV de la Comisión Nacional de Valores y registrar sus cuentas ante la Administración de Registro Contable Automatizado (ARCA). El decreto exige además que estas cuentas tengan un uso exclusivo para la actividad digital; cualquier utilización mixta que combine operaciones cripto y otros negocios anula el beneficio y obliga a los contribuyentes a reorganizar su estructura interna y contable.
Esta regulación se presenta como un incentivo para formalizar un sector que tradicionalmente operaba en cierta informalidad debido a su naturaleza descentralizada. Las plataformas que no cumplan con estos requisitos seguirán sujetas al pago del impuesto, manteniendo así un marco de control fiscal más riguroso.
En resumen, la norma impacta principalmente en tres aspectos comerciales: la eliminación de asimetrías fiscales entre actores tradicionales y digitales, la claridad normativa para el sector cripto, y la promoción de la formalización y transparencia en las operaciones financieras digitales.