Proyectos fundamentales para el saneamiento, el abastecimiento de agua y la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires están detenidos por la falta de avales nacionales, a pesar de contar con financiamiento internacional ya aprobado. Sin la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, estos trabajos no pueden avanzar, lo que afecta directamente a cientos de miles de habitantes del área metropolitana.

Esta situación contrasta con la gestión que el mismo ministro ha llevado adelante con otras provincias. Caputo autoriza sin demora créditos por casi 2.000 millones de dólares para diversos proyectos en territorios cuyos gobernadores apoyaron al oficialismo en el Congreso, como Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Allí, las obras financiadas incluyen sistemas de agua potable e infraestructuras productivas que ya están en marcha.

Entre los proyectos detenidos en Buenos Aires figuran la planta depuradora para La Plata, Berisso y Ensenada, obra que busca evitar la descarga de grandes volúmenes de efluentes crudos al Río de la Plata; un túnel aliviador para el arroyo Las Piedras, vital para mitigar inundaciones en el sur del conurbano bonaerense; y una nueva planta potabilizadora con financiación de la CAF, destinada a cubrir una demanda creciente que la actual, de más de 70 años, no puede satisfacer.

Además, están paralizadas obras viales como la autopista en la Ruta 11 y la intervención integral en la Ruta 6, junto con una etapa principal del dragado del río Salado, cuyo préstamo de 138 millones de dólares proviene del Banco Europeo de Inversiones con vencimiento en 2026. Todos estos proyectos tienen créditos internacionales aprobados, pero no avanzan por la falta de avales nacionales.

El retraso y la negativa a firmar los avales motivaron que un juez intimara al ministro Caputo a responder en tiempo y forma. Sin embargo, el plazo judicial pasó sin contestación, y el magistrado advirtió que el silencio de la Nación está bloqueando el acceso a financiamiento internacional crucial para estas obras.

Desde la provincia denuncian que esta medida responde a un castigo político por no acompañar al Gobierno nacional en el Congreso, dado que otros distritos que sí respaldaron las leyes oficiales ya comenzaron sus proyectos financiados por organismos multilaterales como el BID, la CAF y Fonplata.