Patricia Bullrich formalizó la presentación anticipada de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y el Senado, enviando el formulario correspondiente más de un mes antes de la fecha límite establecida por el Gobierno. Esta acción fue interpretada como un gesto directo hacia Manuel Adorni, cuya presentación sigue pendiente, generando especulaciones sobre la presión interna que enfrenta el jefe de Gabinete.
El gobierno había prorrogado el plazo para la entrega de estas declaraciones, inicialmente fijado para fines de mayo, hasta finales de junio. La extensión buscó aliviar la carga burocrática ante la polémica generada por la demora de Adorni, quien permanece bajo escrutinio judicial por la evolución de su patrimonio y viajes cuestionados, sin haber entregado aún la documentación requerida.
La adelantada entrega de Bullrich contrasta con el silencio de Adorni, lo que generó un llamado público de la ex ministra a agilizar ese proceso. Bullrich cuestionó la necesidad de esperar si se cuenta con la declaración del año anterior, alentando la presentación inmediata. Esta intervención provocó que Javier Milei saliera en defensa de Adorni, asegurando que la difusión de los bienes del jefe de Gabinete era inminente y que la situación se resolvería en breve.
No obstante, pasadas dos semanas desde las declaraciones de Milei, Adorni sigue sin entregar sus documentos. Fuentes oficiales cercanas al jefe de Gabinete indicaron que la presentación se concretaría antes de un evento internacional importante, sin precisar una fecha exacta. Mientras tanto, la prolongación del plazo generó cuestionamientos en el oficialismo, preocupado por el impacto político y la falta de transparencia.
Además de Bullrich, otros funcionarios como Diego Santilli también han mostrado críticas a la gestión del entorno presidencial en cuanto a la distribución y presentación de las declaraciones. Esta situación evidencia una tensión creciente dentro del oficialismo, enfrentado a la opinión pública y a la necesidad de preservar la imagen frente a denuncias y procesos judiciales vinculados a la transparencia patrimonial.