Una fuerte protesta de cooperativistas y organizaciones sociales se desarrolló frente al Palacio Municipal de La Plata debido a la decisión del municipio de modificar el sistema de contratación para servicios urbanos. La medida, que implica la transición de contratos directos a un esquema mediante licitación pública, generó preocupación entre los trabajadores sobre la continuidad de sus empleos.

El cambio anunciado busca cumplir con observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense y adecuar la contratación a la Ley Orgánica de las Municipalidades, reemplazando un sistema vigente desde 2011. Las cooperativas, que realizan tareas como limpieza, zanjeo, corte de césped y mantenimiento de espacios públicos, alertaron sobre el riesgo que esto representa para más de 800 familias vinculadas a estos trabajos.

Durante la manifestación, que reunió a integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y cooperativas relacionadas con el reciclado, se produjeron incidentes frente al Palacio. Según fuentes oficiales, un sector de los manifestantes causó daños materiales, como la rotura de vidrios, el lanzamiento de objetos contra el edificio y la quema de neumáticos, además de intentar ingresar al edificio.

El operativo policial respondido a esos hechos dejó un saldo de 22 personas aprehendidas, 19 de las cuales fueron formalmente detenidas y trasladadas a distintas dependencias. Las autoridades municipales denunciaron daños en puertas, vidrios y otros sectores del Palacio y presentaron una denuncia penal por los hechos vandálicos.

En contraste, las organizaciones que convocaron a la protesta sostienen que las detenciones fueron arbitrarias y ocurrieron incluso cuando la movilización ya se dispersaba. Denunciaron que algunos aprehendidos fueron detenidos en puntos alejados del lugar y no participaron de los incidentes.

En respuesta, la Comisión Provincial por la Memoria, que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un hábeas corpus colectivo en defensa de los detenidos. El organismo entrevistó a varias personas alojadas en la Comisaría Primera y solicitó una investigación para evaluar la legalidad del accionar policial durante la protesta.