El reciente ajuste presupuestario oficializado por el Gobierno nacional afecta sectores cruciales en Mendoza, especialmente obras viales, la Justicia federal y la remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, situado en San Rafael. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, implica la reducción multimillonaria de partidas destinadas al Presupuesto 2026, presionando proyectos clave y servicios públicos.
Vialidad Nacional es uno de los organismos más afectados en la provincia, con una pérdida cercana a los 4.672 millones de pesos en diversos programas. La mayor baja corresponde al programa de Construcciones Viales, donde la obra paralizada de la autopista Mendoza-San Juan recibió un recorte de más de 2.000 millones. Este tramo, que incluye 27 kilómetros entre el aeropuerto y Jocolí Viejo, permanecía en “neutralización” a la espera de una posible reactivación financiera, aunque el nuevo ajuste aumenta el grado de incertidumbre sobre su finalización.
Además, se redujeron los recursos para el mantenimiento y la seguridad vial: el programa de Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte disminuyó cerca de 940 millones de pesos, el de Ejecución de Obras de Seguridad otros 940 millones, y el programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales sufrió una baja cercana a los 767 millones. A pesar de estos recortes, desde Vialidad Nacional en Mendoza aseguran que no se afectará el servicio esencial ni el funcionamiento cotidiano del organismo.
En el sur provincial, la remediación ambiental del complejo Sierra Pintada enfrenta un recorte de 600 millones de pesos, afectando directamente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), encargada de las tareas en el predio minero. Sierra Pintada fue un centro de extracción y procesamiento de uranio durante dos décadas, y la Corte Suprema ordenó en 2010 la limpieza ambiental de la zona. Desde 2019, se implementan tratamientos para reducir la contaminación por uranio, radio y arsénico, así como la extracción de residuos peligrosos. El ajuste presupuestario genera preocupación por los posibles riesgos ambientales y sanitarios para San Rafael y la región.
Por último, la Justicia federal en Mendoza también recibió un recorte severo de más de 2.000 millones de pesos. Esta medida implica un impacto considerable en la operatividad del sistema judicial, aunque los detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estos ajustes no fueron difundidos. El conjunto de recortes refleja una política de ajuste del Gobierno nacional que afecta a sectores estratégicos y sensibles para el desarrollo y la salud pública en Mendoza.