El Ministerio de Salud estableció un aumento del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas destinado a personas con discapacidad, medida que afecta directamente los servicios de atención, rehabilitación, transporte y asistencia integral. Este ajuste regirá a partir del mes de mayo de 2026 y fue oficializado mediante una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El incremento beneficia a todos los prestadores incluidos en el régimen regulado por la Ley 24.901, que abarca una variedad de servicios esenciales, desde hogares y centros de día hasta terapias especializadas y asistencia educativa. Además, se confirmó la continuidad del adicional del 20% para prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, buscando compensar los mayores costos operativos en esa región específica.
Esta actualización impacta a miles de familias y profesionales que dependen de estos servicios, reafirmando el compromiso del Estado para mantener la cobertura y calidad del Sistema de Prestaciones Básicas. En línea con esto, la Justicia Federal de Córdoba ordenó al PAMI y al Programa Incluir Salud regularizar los pagos atrasados a los prestadores y cumplir con las acreditaciones en tiempo y forma, evitando así interrupciones en la atención.
Paralelamente, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto para crear una Canasta de Discapacidad. Esta iniciativa busca que el Instituto Nacional de Estadística y Censos elabore un indicador mensual que refleje con precisión el costo de vida de las personas con discapacidad, considerando gastos específicos en salud, rehabilitación, transporte, medicamentos, equipamiento tecnológico, educación, inclusión social y acceso laboral. De aprobarse, esta herramienta permitirá ajustar políticas públicas y prestaciones de acuerdo con las realidades económicas del sector.