El Senado admitió formalmente el proyecto de reforma previsional presentado por el Ejecutivo, en un contexto marcado por manifestaciones en las inmediaciones de la Legislatura. La iniciativa será analizada únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, pese a las propuestas para involucrar también a otras comisiones.
La discusión parlamentaria reflejó las diferencias sobre el alcance del análisis. Mientras el bloque oficialista apoyó la reducción a dos comisiones, un senador opositor propuso ampliar el estudio a Legislación General y Relaciones Municipales, con la intención de facilitar una revisión más inclusiva y participativa. Finalmente, la presidenta del cuerpo respaldó el esquema que prioriza las dos comisiones principales, apelando a un tratamiento equilibrado y sin apresuramientos excesivos.
El proyecto, conocido como Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, plantea declarar el estado de emergencia económica y financiera del sistema jubilatorio hasta finales de 2027, con posibilidad de prórroga. Busca sanear el déficit a través de aportes extraordinarios de trabajadores activos con ingresos superiores a ciertos haberes y una modificación gradual en los requisitos para el acceso a la jubilación.
Entre los cambios más relevantes figura un nuevo método para calcular los haberes, basado en el promedio de los últimos veinte años de aportes, junto a la definición de condiciones especiales para quienes ingresen al sistema previsional a partir de su implementación. Este aspecto apunta a lograr mayor sostenibilidad financiera a largo plazo.
La iniciativa enfrenta un rechazo contundente por parte de la mayoría de los sindicatos que representan a los trabajadores estatales provinciales, quienes ya mantienen una postura crítica desde hace meses. Las protestas concurrentes en el exterior del Senado evidencian la preocupación social y la demanda por un mayor diálogo en torno a las modificaciones planteadas.
El debate en comisiones se perfila como una instancia clave donde se evaluarán los distintos aspectos técnicos y sociales de la reforma. Se espera que los consensos y los planteos de los distintos actores involucrados permitan ajustar el proyecto antes de su tratamiento en el pleno del Senado.