El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia energética en el sector eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2027, una medida que le otorga facultades especiales para intervenir en el mercado, promover reformas regulatorias y avanzar en la actualización tarifaria. Esta extensión se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, que sucede a la reciente renovación del régimen excepcional en el sector gasífero.

Según el decreto, continúan existiendo desafíos estructurales relacionados con el crecimiento de la demanda, las limitaciones en la capacidad de generación y transporte, además del deterioro de la infraestructura eléctrica. El Gobierno advirtió que la finalización prematura del estado de emergencia podría comprometer la estabilidad y funcionamiento integral del sistema eléctrico.

El DNU habilita al Ejecutivo para seguir implementando reformas iniciadas al comienzo de la gestión, entre ellas la reducción progresiva de subsidios, la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el impulso a contratos directos entre generadoras y distribuidoras. Estas medidas buscan promover mayor eficiencia y sostenibilidad en el abastecimiento eléctrico.

El decreto también subraya que la situación financiera del sector mejoró notablemente en los últimos dos años, destacando que la cobranza de facturas pasó de un 48% a fines de 2023 a un 97% en la actualidad, resultado de la recomposición tarifaria, la regularización de deudas y la reducción de subsidios. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que este proceso requiere consolidarse para garantizar la estabilidad futura.

Además, se señala que una porción significativa de la red eléctrica enfrenta un desgaste considerable: más del 60% de las fallas ocurren en instalaciones con más de 25 años, mientras numerosas estaciones transformadoras operan cerca de su capacidad máxima, lo que resalta la necesidad de continuar con la modernización y mantenimiento del sistema.

El decreto será enviado al Congreso para su revisión y eventual aprobación, aunque permanecerá vigente mientras ambas cámaras no se pronuncien al respecto. Durante este período, el Gobierno mantendrá las herramientas para definir medidas regulatorias y tarifarias que garanticen la operatividad y evolución del sector eléctrico.