El desgaste político que enfrenta el gobierno de Javier Milei se profundiza con la creciente percepción ciudadana de corrupción. Según una encuesta realizada por las consultoras Trespuntozero y Alaska, más del 65% de los argentinos desaprueba la gestión actual, un rechazo que ya no se atribuye únicamente a problemas heredados de administraciones anteriores.
El informe, titulado "El estado del debate público", revela que la corrupción se consolidó como la preocupación principal del electorado, superando otras problemáticas y aumentando en diez puntos respecto a mediciones anteriores. Esto evidencia que la corrupción, lejos de ser un fenómeno aislado, se ha convertido en un factor central del deterioro democrático y ético del país.
La crisis tiene un foco particular en la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa pública por un escándalo relacionado con una obra personal en un country, que ha generado un impacto político que dura ya dos meses. La controversia ha provocado una “cascada” de críticas y cuestionamientos internos dentro del propio oficialismo. Algunos sectores del gabinete sugieren su reemplazo para salvaguardar la gobernabilidad, pero Milei se mantiene firme en proteger a su colaborador, pese al creciente costo político.
Este contexto afecta directamente la imagen del presidente, ya que una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados indica que más del 70% de la población considera necesario un cambio de gobierno. Funcionarios como el ministro de Economía y legisladores habrían planteado cambios en el gabinete con la intención de mitigar el impacto negativo, proponiendo nombres como Martín Menem y Luis Petri para ocupar cargos claves, aunque las definiciones siguen abiertas.
El debate alrededor de la ética en la política y la transparencia del gobierno no solo pone en riesgo la continuidad del actual mandatario, sino que refleja una demanda social creciente que critica la cultura de impunidad instalada tras décadas de manejos cuestionados. La falta de sanciones claras y la resistencia a deslindar responsabilidades alimentan crecientes dudas sobre el compromiso del Ejecutivo para frenar la corrupción.