El Gobierno nacional trabaja en un proyecto para endurecer las normas que limitan la actividad política de los funcionarios públicos dentro de la administración, con el fin de impedir el uso de recursos del Estado para fines partidarios. Esta iniciativa se basa en la ley estadounidense conocida como Hatch Act, que establece límites claros sobre la intervención política de empleados públicos.
La propuesta pretende concretar restricciones ya existentes, como el uso indebido de oficinas, vehículos, teléfonos oficiales y tiempo laboral para campañas políticas. Entre las conductas que buscarán regular se encuentran llamadas partidarias desde líneas del Estado, el uso de correos electrónicos institucionales y la organización de eventos políticos mediante recursos públicos. También se estudian límites para el uso de redes sociales y modalidades de teletrabajo en actividades relacionadas con la política.
Además, el proyecto contempla modificaciones en los mecanismos de control y sanción, que podrían ir desde advertencias hasta la expulsión del funcionario involucrado en violaciones, siguiendo el modelo de la Hatch Act. Otro eje importante es proteger a los empleados de la administración pública frente a presiones o coacciones para participar en campañas o realizar aportes a partidos políticos.
Esta reforma aún no forma parte de la agenda inmediata del Ejecutivo, pero se evalúa su posible presentación durante 2026, dentro de un paquete de reformas institucionales más amplio que se enviaría al Congreso. El contexto actual incluye investigaciones judiciales relacionadas con altos funcionarios, aunque desde el oficialismo destacan que esta iniciativa es independiente y no busca sustituir otras propuestas como la “ley anticasta” o la “Ficha Limpia”. Su foco se centra en reforzar la ética pública y mantener clara la separación entre gestión estatal y actividad partidaria.