Desde julio de 2026, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) presentará una actualización que elevará tanto los montos de las prestaciones como los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a estos beneficios. Esta modificación comprende un ajuste del 2,15% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

Los nuevos límites establecen que ningún integrante del grupo familiar puede superar un ingreso mensual bruto de $3.034.844, mientras que el ingreso total del hogar no podrá exceder los $6.069.688. Si alguna de estas condiciones se supera, ANSES procederá a suspender el pago de las asignaciones familiares de forma automática, sin importar la cantidad de hijos a cargo.

La referencia para medir los ingresos es el salario bruto, antes de descuentos por jubilación, obra social o impuestos, lo que implica que montos elevados pueden dejar fuera del sistema a ciertos beneficiarios incluso si el ingreso neto es menor. Esta medida responde a la Ley 27.160 y el Decreto 274/2024, que establecen un mecanismo de movilidad para garantizar que las asignaciones y los topes se ajusten mensualmente según la evolución del IPC.

Sin embargo, el ajuste también genera un impacto en algunas familias que, al superar los nuevos límites, perderán el acceso a estas ayudas. La actualización busca mantener el equilibrio entre la protección del poder adquisitivo y la focalización del beneficio hacia quienes realmente lo necesitan.

Una excepción importante se aplica a las familias con hijos que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En estos casos, no existen topes de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad ni para la Ayuda Escolar Anual. Estas prestaciones continuarán siendo percibidas independientemente del nivel de ingresos del grupo familiar, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos por ANSES.

El SUAF abarca a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y pensionados, entre otros sectores, con la finalidad de brindar soporte económico para la crianza y educación de los hijos. La actualización que entrará en vigor en julio es un mecanismo previsto para evitar que el incremento inflacionario erosione la capacidad de compra de las asignaciones.