La deuda agrícola en Brasil alcanzó un nivel crítico, lo que ha disparado la cantidad de fincas rurales confiscadas y subastadas por los acreedores. El deterioro económico del sector se atribuye a varios factores, entre ellos la caída en los precios de los cereales, las elevadas tasas de interés, el aumento de los costos de producción y el impacto del cambio climático, que han afectado significativamente los ingresos de los productores.

El volumen de fincas rurales subastadas llegó a más de 14,000 en 2025, representando un crecimiento cercano al 30% respecto al año anterior, según datos recabados por el portal Leilao Imovel. Además, las propiedades embargadas que ingresaron a subastas por procedimientos extrajudiciales se duplicaron, sumando casi 2,400 casos. Esta dinámica refleja la mayor agresividad de los acreedores para recuperar créditos en mora.

El Banco Central de Brasil informa que la deuda en problemas vinculada al crédito rural se cuadruplicó en apenas dos años, alcanzando un monto millonario en reales. La tasa de morosidad se elevó cerca del 20% del total de préstamos rurales pendientes, en comparación con un 5,5% hace dos años. Esta situación confirma la delicada coyuntura financiera que atraviesa el sector agrícola.

Entre las causas que empeoran el panorama destacan el fenómeno climático denominado “Súper El Niño”, que podría afectar aún más la producción, así como el alza de los precios de los fertilizantes durante la crisis bélica vinculada a Irán, que llevó a muchos agricultores a reducir su superficie de siembra. En particular, el estado de Rio Grande do Sul, uno de los más afectados por impagos, también fue golpeado por inundaciones severas atribuibles al cambio climático.

Las regiones agrícolas dedicadas a la producción de soja y otros granos concentran el mayor aumento de propiedades en riesgo de perderse debido a los impagos, lo que genera preocupación entre los agentes económicos y las autoridades. El secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura señaló la situación como extremadamente frágil para el sector.

Este escenario obliga a una revisión en la política de créditos rurales y a un seguimiento estrecho de las condiciones climáticas y económicas para mitigar el impacto sobre los productores y el mercado agrícola nacional.