La crisis económica se traduce en un cambio palpable en el sistema educativo de Santa Fe: más familias optan por trasladar a sus hijos de colegios privados a escuelas públicas, debido a la dificultad para pagar las cuotas. Aunque no existen datos oficiales, autoridades y representantes del sector educativo privado constatan un aumento significativo en los pedidos de pase hacia la educación estatal.
Desde la Federación Santafesina de Instituciones de Educación Privada (Fesaiep), que agrupa a más de doscientas escuelas, explicaron que al inicio la migración se dio entre distintos colegios privados, con familias buscando opciones más accesibles. Sin embargo, desde marzo se intensificó la salida hacia el sistema público. El presidente de Fesaiep estimó que alrededor del 10% de los alumnos de colegios privados migraron al sector estatal el último año, aunque descartó que sea un fenómeno masivo. Advirtió, no obstante, que si esta tendencia continúa, las escuelas públicas podrían tener problemas de espacio y recursos.
Santa Fe figura como una de las provincias con mayor proporción de estudiantes en colegios privados, con cerca del 29% de la matrícula escolar asistiendo a estos establecimientos, según datos de la ONG Argentinos por la Educación. A nivel nacional, más de tres millones de alumnos concurrieron a escuelas privadas concentradas mayoritariamente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según Aiepa.
Las cuotas en los colegios privados santafesinos varían según el nivel de aporte estatal, oscila desde valores accesibles a montos elevados que superan las cifras habituales mensuales. El aumento autorizado en marzo fijó aranceles que pueden ir desde más de setenta mil hasta más de trescientos cuarenta mil pesos sin subsidios. La Federación destacó que sin esos subsidios estatales, la mayoría de los colegios no podría sostenerse, ya que las cuotas serían prohibitivas.
En este contexto, muchas familias enfrentan dificultades para cumplir con los pagos, acumulando retrasos de uno o dos meses. Algunas instituciones comenzaron a implementar acuerdos con padres para regularizar esos atrasos y evitar la pérdida de vacantes. Pese a las estrategias, la posibilidad de un aumento en la demanda de plazas públicas genera incertidumbre sobre la capacidad del sistema estatal para absorber la creciente migración.