El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició un proceso para sancionar a Mercado Libre con una multa que podría superar los 1.800 millones de pesos si la empresa no elimina una serie de cláusulas abusivas presentes en sus contratos de adhesión. La medida responde a un análisis exhaustivo de los términos y condiciones que rigen el uso de la plataforma y los servicios financieros de Mercado Pago.

La fiscalización fue impulsada por el Ministerio de Producción, bajo la dirección de Augusto Costa, tras detectar irregularidades que vulneran la Ley de Defensa del Consumidor. Según el informe oficial, se identificaron más de diez cláusulas que imponen un desequilibrio en los derechos y obligaciones, afectando principalmente a los usuarios. Entre los puntos cuestionados destacan la falta de claridad en el cobro de tarifas, la aceptación automática de modificaciones contractuales y la transferencia de responsabilidad en casos de uso no autorizado de cuentas.

Además, se detectaron disposiciones como la indemnidad a favor del proveedor, la exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, la posibilidad de débito en cuentas ajenas al contrato, la caducidad automática de plazos sin determinación precisa y la fijación de tribunales exclusivos que desfavorecen al consumidor. Este conjunto de cláusulas fue calificado por la autoridad bonaerense como un atentado contra los derechos básicos de los usuarios.

La investigación se inició de oficio, independiente de las denuncias individuales que en lo que va del año superan las 2.300 presentaciones contra Mercado Libre en jurisdicción bonaerense, consolidando a la empresa como la más reclamadas en la Provincia durante 2026.

A Mercado Libre se le concedió un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito, así como para acreditar su representación legal y domicilios electrónico y físico en La Plata. De no aportar una propuesta de adecuación o supresión de las cláusulas conflictivas, la empresa enfrentará la imposición de la multa anunciada.

Este episodio sucede en un contexto de confrontación pública entre el gobernador Axel Kicillof y Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, radicado desde 2019 en Uruguay. En el pasado, ambos protagonizaron un cruce a raíz de acusaciones sobre presuntos nuevos impuestos sobre las billeteras virtuales, que el gobierno provincial negó formalmente.