Una operación conjunta de la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión desarticuló una red dedicada a fraudes en prestaciones sociales dirigidas a comunidades indígenas en Bahía. El entramado utilizaba declaraciones falsas de pertenencia indígena para acceder indebidamente a pensiones rurales, salarios maternales y otros subsidios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Las autoridades cumplieron once órdenes de allanamiento y aseguraron documentos y objetos vinculados a la investigación en los municipios de Eunápolis y Porto Seguro. Además, un tribunal federal ordenó la expulsión inmediata de dos empleados públicos implicados en la falsificación de documentos que facilitaban estas irregularidades.
El fraude no solo afectó la entrega directa de beneficios sociales, sino que también involucró la obtención irregular de préstamos de nómina relacionados con esos pagos fraudulentos. Para evitar la continuidad de estas actividades ilícitas, la Justicia autorizó el bloqueo de fondos superiores a 1,5 millones de reales y la incautación de un vehículo perteneciente a los principales sospechosos.
Las pérdidas detectadas en las arcas públicas podrían superar los 100 millones de reales. Los implicados enfrentan posibles cargos por asociación ilícita, fraude a la seguridad social y corrupción tanto activa como pasiva, en el marco de la llamada Operación Monã, que investiga el uso de identidades falsas para acceder a beneficios del INSS.