La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sostiene negociaciones con empresas de Estados Unidos y Canadá para desarrollar y exportar uranio, un mineral estratégico que podría generar ingresos cercanos a los 500 millones de dólares anuales. El foco está puesto en dos yacimientos que actualmente administra el Estado: Cerro Solo, en Chubut, y Sierra Pintada, en Mendoza.
Estos yacimientos concentran las principales reservas confirmadas del país. Cerro Solo dispone de aproximadamente 8.000 toneladas de uranio identificadas y requiere una inversión inicial estimada en 15 millones de dólares para completar estudios prefactibilidad técnico-económicos que permitan su explotación. En tanto, Sierra Pintada acumula cerca de 10.000 toneladas probadas, lo que lo convierte en el mayor depósito nacional pero lleva más de dos décadas sin actividad productiva. Su reactivación demanda una inversión cercana a los 500 millones de dólares para la remediación ambiental y la recuperación de operaciones.
El Estado argentino encara, a la par, gestiones para garantizar el respaldo social y político necesario para desarrollar estas explotaciones. Con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se avanza en conseguir la licencia social y asegurar el cumplimiento de regulaciones ambientales, especialmente en relación con la prohibición del uso de ácido sulfúrico establecida por la Ley 7722 provincial, que impacta en los métodos extractivos y costos de producción.
En Chubut, la CNEA negocia con el gobernador Ignacio Torres para definir el marco legal que permita la minería metalífera bajo ciertas condiciones, en función del artículo 2 de la Ley Provincial 5001. Esta norma prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero habilita excepciones establecidas por el Consejo Provincial del Ambiente para zonas especificas de explotación.
Argentina cuenta con unas 35.000 toneladas de uranio verificadas y recuperables, pero se estima que las reservas potenciales oscilan entre 100.000 y 200.000 toneladas aún no delimitadas con precisión. Actualmente, las centrales nucleares nacionales requieren unas 220 toneladas para su funcionamiento y parte de esa demanda se cubre con importaciones desde Kazajistán. Este escenario abre la posibilidad de fortalecer la industria local y reducir la dependencia externa.
Los planes oficiales también incluyen el ingreso de capitales privados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de aumentar el mapa de reservas mediante exploraciones financiadas por los nuevos inversores. De esta manera, se busca reactivar la minería del uranio en Argentina, con un enfoque en la exportación y la consolidación de un sector energético estratégico para el país.